Según un reciente estudio realizado por Goldman Sachs, el 44 por ciento de las tareas que realizan hoy los profesionales del Derecho pueden ser desarrolladas en un futuro inmediato por herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Haciendo un cálculo simple, y aunque quede un 56 por ciento de labores jurídicas que necesiten aún del factor humano, cabe imaginar que cuatro de cada diez puestos de trabajo de juristas están en peligro.
En efecto, si la IA ahorra el 44 por ciento de las horas de trabajo actuales, el ajuste está cantado. Con menos mano de obra se podrá hacer lo mismo, y la reducción será tanto más significativa cuanto menos conocimiento y experiencia aporte el profesional en cuestión: será más sencillo reducir la plantilla de becarios o juristas inexpertos que la de quienes los supervisan, que serán los que revisen los escritos redactados por la IA.
Queda la cuestión de cómo se garantiza la renovación del contingente de supervisores experimentados, si se va a reducir la base de principiantes de la que se ha venido nutriendo hasta ahora, pero no parece que sea este un problema insalvable para las firmas de servicios legales. En definitiva, la selección que hoy se produce en los primeros años de trabajo se adelantará al momento de la incorporación. Entrarán menos, los mejores.
En teoría, lo que vale para los empleos jurídicos en el sector privado podría valer igualmente para los que existen en el sector público, esto es, la multitud de funcionarios que desarrollan un trabajo de naturaleza jurídica al servicio de las Administraciones Públicas. Por lo que toca a España, y teniendo en cuenta que todos nuestros funcionarios tienen el puesto garantizado, sería posible, en principio, que la introducción de herramientas de IA, al descargarlos de múltiples tareas mecánicas, aumentara su eficiencia.
Situándonos en el mejor de los escenarios, lo que quizá sea demasiado ingenuo, la IA podría aportar la solución para acabar de una vez con los retrasos insoportables de la Administración de Justicia, o con el colapso que padecen organismos como la Seguridad Social.
En todo caso, este hachazo a las expectativas laborales de los juristas como colectivo profesional —sólo superado según el estudio de Goldman Sachs por las profesiones administrativas, que serían automatizables en un 46 por ciento— tiene un valor simbólico que ayuda a apreciar el alcance de la revolución en la que estamos inmersos. Durante más de dos mil años, han sido los profesionales del Derecho los que a través de la elaboración de las leyes y su aplicación han ocupado una posición de poder en nuestras sociedades. La IA termina de certificar su ocaso, su destronamiento definitivo a manos de la nueva casta dominante: los programadores de esas herramientas que los amortizan.
La derrota es tan absoluta que los avances tecnológicos se suceden de manera explosiva e incontrolada, sin que haya nadie que pueda reaccionar con la agilidad necesaria para regular sus efectos. Incluso si ponen patas arriba aspectos tan sustanciales del ordenamiento jurídico como los derechos fundamentales de las personas —incluidos los de los niños—, que a menudo se ven apisonados por las herramientas que los informáticos generan y lanzan sobre la marcha al mercado, sin pedir jamás permiso a nadie ni evaluar el impacto que puedan tener en terceros.
Hubo un tiempo en que nuestras vidas estaban legisladas, y en el que esa legislación era, al menos hasta cierto punto, fruto de un consenso social. Ahora nuestras vidas están programadas por los más avispados, cuyas invenciones estamos obligados a asimilar y utilizar nos gusten o no. Los que antes legislaban no se libran de esta obligación de someterse y adaptarse. Ya nos lo han avisado: la IA no va a acabar con el trabajo humano, pero en muchos sectores sólo conservarán su trabajo los humanos que se las arreglen para usarla y para entenderse con ella.
(Publicado en elespanol.com el 8 de abril de 2023).
