Lo que se consigue aprobando normas contrarias a la ley es que ninguna ley sea efectiva. Cuando un gobierno da el paso de insubordinarse, invita a que cualquiera se le insubordine. Son razonamientos tan simples como venerables. Ya los exponía hace más de ochenta años Manuel Azaña en La velada en Benicarló, y no sobra recordar que lo hacía a propósito del gobierno catalán del momento. Lo que ocurre es que poca gente lee, menos gente aún lee a Azaña, y entre los que afrontan el ejercicio cada cual entiende lo que más conviene a sus ideas preconcebidas.
Y luego pasa lo que pasa. La inseguridad se ha apoderado de las calles de Barcelona, la alarma se ha extendido entre la población, los comerciantes y los hosteleros -en una ciudad que vive del turismo- y las autoridades presuntamente competentes se echan las manos a la cabeza y se ponen a improvisar medidas de emergencia. Otro tanto sucede en otras muchas poblaciones de Cataluña, aunque no tengan la atención mediática que siempre recibe la capital, con su marca planetaria acuñada a partir del esfuerzo que todos los españoles hicieron para poner en pie los Juegos Olímpicos de 1992. Son demasiados años ya con la cabeza puesta sólo en una cosa, que devora los recursos y los afanes gubernamentales mientras lo demás queda al albur de una inercia administrativa que suele conducir al declive. Son demasiados desplantes ya a la legalidad vigente, degradada a la categoría de ordenanza disponible por el mesías de turno.
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