Coincidiendo no por azar con la tramitación parlamentaria de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 se ha lanzado el socio gubernamental EH Bildu a una campaña febril instando a la inmediata retirada de las «fuerzas de ocupación» del País Vasco. Según la neolengua abertzale, el sintagma alude a cualquier uniformado que responda a la obediencia del Estado, lo que cabe entender extensivo a militares, guardias civiles y miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Quizá también a los carteros y cualquier otro funcionario estatal con ropa ad hoc.
Sin embargo, y siendo bien conocida la alergia incoercible del bilduismo a cualquier cosa que huela a España, que ni aun su condición de miembro del «bloque de dirección del Estado» le mueve a disimular, han tenido a bien sus dirigentes ofrecernos una explicación gráfica de su pretensión que centra más el tiro. En el cartel, que han difundido y colgado por donde han podido, y donde no han podido lo han montado mediante imágenes fake, se ve a un guardia civil de espaldas junto a una maleta sobre el que se lee en euskera la invitación a que se vaya largando.
Tampoco esto es casual. La inquina de Bildu hacia los miembros de la Benemérita se explica, entre otras razones, por la circunstancia que concurre en algunos de sus cuadros, que tuvieron que responder de sus infracciones penales —es decir, de sus pretensiones de persuadir a otros por la violencia y por la extorsión— gracias a la labor abnegada, sostenida y eficaz de los guardias civiles para acabar llevándolos ante el juez. También debe de pesar algo en su tirria que si ya no pueden asustar a nadie con el primo de Zumosol armado es, sobre todo, porque la Guardia Civil detuvo a sus jefes, desde el primero al último.
En fin, ese es su problema, con el que ya bregarán como mejor puedan y con la ayuda que necesiten, pero lo que en ese cartel subyace es algo que ni los españoles ni quienes aspiren a gobernarlos y representarlos pueden consentir. Porque aquellos con los que Bildu comparte ideología y cuadros no se privaron de tomar las medidas necesarias para desalojar del País Vasco y del mundo a más de doscientos guardias civiles y unos cuantos miembros de sus familias, incluidos niños, en represalia por el delito de defender las libertades de sus conciudadanos.
En un país normal, los así sacrificados recibirían honor y memoria de manera prioritaria, en lugar de ser despachados con homenajes rutinarios y una evocación difusa que es la antesala del olvido. Pero dejar que prosperen el relato y la visión de sus asesinos, que estos se recreen incluso tratándolos públicamente como leprosos y subvirtiendo la realidad, supone cruzar la más peligrosa de las líneas. Un Estado que tolera el descrédito y el repudio de sus servidores, mediante el uso y abuso de la mentira y la tergiversación sectaria, se desliza hacia su inanidad.
Nadie propone que se les prohíba a los propagandistas de Bildu producir y difundir sus mamarrachadas, salvo cuando se pueda apreciar, con arreglo a Derecho, que encajan en el tipo del delito de odio, del que no andan ya lejos. Lo que no es de recibo, y tendrá el más alto coste, es que un partido que se dice español se avenga mansamente a apoyar su proyecto de Gobierno en los votos de la coalición abertzale, en tanto los voceros de esta no superen su adicción a menospreciar a aquellos que sostienen en territorio vasco la legalidad y la normal presencia del Estado.
Ya intentaron expulsarlo, pero por algo fracasaron en ese empeño, y por algo ninguna encuesta entre los vascos respalda hoy la hipótesis de una Euskadi independiente: quien vivió bajo el terror y la tiranía del etnicismo violento con el que Bildu, por más que alegue, no termina de romper amarras, sabe lo que vale la protección del Estado español. Incluida la Guardia Civil.
(Publicado en elespanol.com el 6 de noviembre de 2022).
