Una de las razones por las que la monarquía parlamentaria española hoy vigente resulta claramente preferible a la abortada república catalana -incluso para aquellos que nos sentimos de corazón y de cabeza republicanos-, es que la Constitución que la regula no deja de amparar la expresión y la defensa por vías democráticas de las ideas que están en contra de la propia forma del Estado y de la unidad de la nación. Otra cosa pretendían los impulsores de esa república felizmente imaginaria, cuya ley de leyes, en su borrador conocido, ilegalizaba todos los partidos que la objetaran, o lo que es lo mismo, el derecho de participación política de la mitad larga de los catalanes.
Viene la reflexión al caso de una de las últimas ocurrencias oídas en precampaña, debida a uno de los portavoces de Vox, que ha venido a sugerir que la Constitución de 1978 debería ser modificada en el sentido de contemplar, al modo de esa nonata norma fundamental catalana, la proscripción política del disidente ideológico, cuando esa disidencia adopte, entre otras, la forma independentista. Es alarmante que quien se dice dentro del sistema constitucional aspire a degradarlo de manera que sea equiparable a los más burdos esbozos de sus enemigos, y es tanto más preocupante que esto suceda en el momento en que se anuncia la incorporación a sus listas de varios generales, en la reserva, pero a la vez representativos, por su hoja de servicios y méritos en algún caso indudables, de lo que algunos podrían llegar a tomar por el sentir de las Fuerzas Armadas.
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