Niklas quiere un mundo a su medida. Más o menos como cualquiera, si le preguntan. A quién no le gustaría vivir en una realidad donde las normas y los recursos se acomodaran a sus necesidades y a sus deseos. La mayor parte de los adultos, sin embargo, asume que el mundo en el que ha de desenvolverse se sujeta a una multitud de restricciones que son consecuencia de los arduos equilibrios que deben hacerse para compaginar la pluralidad de intereses contrapuestos que existe en cualquier sociedad. La única forma de garantizar que alguien haga todo lo que se le ocurra es imponer al resto el deber de sufrirlo, y una larga experiencia nos dice que no es esa la mejor solución.
Niklas, en cambio, pertenece a ese colectivo de visionarios que atisban una posibilidad de negocio, idean la herramienta tecnológica que puede implementarla, les encargan a otros darle forma y desarrollarla y, una vez que el artefacto está a punto y empieza a bombear beneficios, exigen que cualquier traba que se oponga a su lucro se volatilice sin más. Ya sean los derechos de otros, las leyes de alguno de los países a los que extienden su actividad o los principios a los que se atienen las sociedades en las que puedan tener usuarios conectados y facturables.
Si alguien osa decir que la actividad que el visionario desea desarrollar presenta algún inconveniente, desde alguno de esos puntos de vista, queda en seguida estigmatizado como ludita o cavernícola, refractario al progreso y destructor de la riqueza y las posibilidades que la tecnología y sus artífices nos ofrecen. Si la cosa llega aún más allá, y los tribunales dictan sentencias, las sociedades concernidas organizan movimientos de contestación a su actividad o, en fin, los parlamentos legislan de manera que el negocio pierda algo de margen o tenga que asumir algún límite en la afectación de derechos ajenos, Niklas deja de jugar.
Así ha sucedido esta semana. A la vista de las reglas que un país soberano, a través de sus representantes legítimos, le ha impuesto a la actividad de las empresas de reparto a domicilio por medio de aplicaciones informáticas, y en especial las que tienen que ver con la protección y con los derechos de los seres humanos que se juegan a diario el físico en la calle para llevar los pedidos, Niklas dice que una compañía del ramo de la que es accionista se va del país en cuestión. Lo ha anunciado todo ofendido en Twitter, con un mensaje en el que da a entender que no le han dejado más remedio que castigar al país sin darle su servicios por culpa de la estrechez de miras de los pazguatos que lo gobiernan.
Niklas y la empresa fugitiva están en su derecho de gestionar su negocio como mejor les parezca, faltaría más, y por tanto de retirarse de todos los países que hagan por sus trabajadores algo que a Niklas y al resto de accionistas no les convenga. Quizá no sea el último del que lo hagan o tengan que hacerlo. Lo que no está tan claro, o quizá no debería estar tan claro, es que ese derecho incluya la potestad de despreciar las leyes que otros se dan, la interpretación que de estas dan sus más altos tribunales —y de la que a su vez deriva en este caso la reforma legal que le molesta— y la sensatez de quienes responden en las urnas ante su propia ciudadanía.
La pataleta de Niklas y, más aún, su arrogancia, tienen que ver con la megalomanía que a los gestores de los cibernegocios globales les infunde expandirse a través de las redes por todo el mundo y acumular a velocidad pasmosa datos de millones de personas y millones de dólares de capitalización bursátil. Es tal la sensación de poderío que les acomete que se creen al margen de las normas que disciplinan la actividad del humilde tendero de la esquina, además de gozar de triquiñuelas para ahorrarse los impuestos que al tendero le dificultan llegar a fin de mes.
Alguien tiene que empezar a decirles que no son más, ni tienen más derechos que cualquier otro empresario. Unos se van, pero otros lo acatan. La letra, con determinación entra.
(Publicado en elmundo.es el 1 de agosto de 2021).
