Algún día alguien tendrá que ponderar como es debido lo pedagógica que está resultando la retransmisión en directo del juicio a los responsables del procés. Ya lo apuntaba esta semana el periodista independiente Matthew Bennett, que está haciendo un trabajo encomiable de información sobre la causa —bilingüe, con lo que presta un servicio valiosísimo a los lectores españoles y también a los a veces muy despistados del resto del mundo—.
Aparte de familiarizar al personal con el funcionamiento real de los tribunales en España, que nada tiene que ver con lo que se ve en las películas de juicios americanas —referencia errónea que hasta maneja entre nosotros algún que otro novelista—, nos ha permitido este proceso, dice Bennett, comprobar hasta qué punto el Estado que nos hemos dado los españoles, a diferencia de lo que creyeron los independentistas —y de lo que a menudo sugiere el nivel de los que se postulan a los parlamentos y hasta ocupan sus escaños—, cuenta con servidores competentes y de un rigor capaz de salir airoso de las más duras pruebas.
Esta semana el juicio ha cumplido otra misión didáctica: de la mano de un teniente coronel de la Guardia Civil, instructor de buena parte de las diligencias realizadas contra la conspiración que cada vez es más evidente que desvió los fondos públicos y la gestión del autogobierno hacia fines ilícitos y contrarios al marco constitucional, más de uno, incluido pasmosamente algún que otro abogado defensor, ha aprendido de manera diáfana cómo funciona en nuestro sistema la Policía Judicial. Para nuestro mal, hay por aquí muchos que creen que un policía no es más que un esbirro del poder ejecutivo. Craso y funesto error.
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