A lo largo de esta semana, sin que lo supiéramos primero, y con profusión de detalles revelados después por alguno de los propios implicados, se ha ido desarrollando un peculiar sainete en torno a la designación del futuro presidente de RTVE. Lo que unos y otros cuentan puede ser verdad sólo hasta cierto punto o estar mediatizado, sin necesidad de que concurra mendacidad alguna, por las percepciones subjetivas, las conjeturas y hasta las expectativas concebidas en cada momento por cada cual.
Lo que viene a desprenderse de la suma de dimes, diretes, rumores, chismes y demás material suministrado a los medios por una pluralidad de fuentes, directas o indirectas, oficiales u oficiosas, viene sin embargo a resumirse en algo que no pinta como uno esperaría, para empezar a resolver de una vez como se merece el problema de la radiotelevisión pública en nuestro país. Una institución discutida y acaso discutible, pero que en otros países —incluidos los muy liberales Reino Unido y Estados Unidos— existe y presta un servicio público de valor por todos reconocido, mientras que en el nuestro siempre ha vivido lastrada, en su versión estatal y no digamos en las autonómicas o locales, por una sospecha nada gratuita de hallarse al servicio no del conjunto de la comunidad que la sostiene con sus tributos sino del gestor de turno del respectivo cotarro gubernamental.
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