La situación en Venezuela hace mucho tiempo que dejó de ser normal. Hace siete años, cuando todavía vivía Chávez, en Caracas las cartas de los restaurantes eran ya imaginarias: más de la mitad de los platos que ofrecían no podían cocinarlos por falta de ingredientes. No hablamos de ingredientes exóticos: en algún caso lo que faltaba, pura y simplemente, era el aceite. Ya entonces a Venezuela le incumbía el dudoso honor de ser uno de los países con más alta cifra de homicidios del mundo: supera las cifras de México, que tiene cinco veces más población y una narcoguerra que dura ya décadas. Y un detalle nada desdeñable: más del noventa por ciento de las muertes quedan impunes, lo que viene a ser una suerte de siniestro incentivo para resolver mediante el asesinato cualquier controversia. Se trata, en su inmensa mayoría, de muertes a balazos. Y si le preguntas a un periodista especializado cómo es posible que haya tantas armas en manos de los delincuentes, o los malandros, como allí se les llama, se encoge de hombros y te dice que muy fácil, que se las vende la propia policía. Los opositores al régimen sugieren que, a cambio de las armas y la impunidad, los criminales sirven como fuerza de choque al Gobierno para reprimir a la disidencia.
A todo esto, súmesele la emergencia humanitaria, tanto en términos alimentarios como sanitarios, a la que se ha precipitado el país en los últimos años y que ha forzado el éxodo de cientos de miles de venezolanos; muchos de ellos, que disponían de la nacionalidad española, hoy refugiados entre nosotros. Con esas credenciales, más que dudosa resulta la legitimidad de un presidente que además decidió montarse un Parlamento alternativo, cuando la oposición ganó las elecciones legislativas, y que para cerrar el círculo ha puesto bajo su férula tanto el poder judicial, forzando la huida de la fiscal general, como las fuerzas armadas a las que ahora encomienda su supervivencia.
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